Publicaciones
Slide 1 of 4 
Slide 2 of 4 
Slide 3 of 4 
Slide 4 of 4 
Repositorio Digital
Envíos recientes
Slide 1 of 5 Publicación Acceso Abierto Trabajo de grado - Maestría
(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2025) Ayala Rios, Nataly; Trujillo Florián, Sergio; Cubides Cárdenas, Jaime Alfonso
Esta investigación analiza el conflicto de competencias entre la jurisdicción penal militar y
la ordinaria en Colombia, con énfasis en los delitos de concusión cometidos por miembros de la
Fuerza Pública. El estudio examina los criterios utilizados para determinar la relación entre el
delito y el servicio, revisando el marco normativo de la concusión, entendida como la exigencia o
solicitud de beneficios indebidos por parte de un servidor público en ejercicio de sus funciones, y
destacando la dificultad interpretativa sobre cuándo esta conducta se vincula al servicio.
El concepto de relación con el servicio es decisivo para determinar la competencia militar.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-358 de 1997, estableció dos requisitos para la
configuración del fuero penal militar: un elemento subjetivo, consistente en que el delito sea
cometido por un miembro activo de la Fuerza Pública, y un elemento funcional, según el cual la
conducta debe estar vinculada al servicio. La misma decisión precisó tres criterios: el hecho
punible debe surgir como una extralimitación o abuso de poder en el ejercicio de funciones propias
del cuerpo armado; este vínculo se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, como
en los crímenes de lesa humanidad; y la relación debe desprenderse claramente de las pruebas,
dado el carácter excepcional de esta jurisdicción.
El objetivo principal es analizar la incidencia de estos criterios, a través de un estudio de
decisiones proferidas por las dos jurisdicciones, con el fin de evidenciar la necesidad de una línea
jurisprudencial unificada y consolidada que aporte claridad a la interpretación del concepto de
relación con el servicio.
El estudio compara decisiones de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Tribunal Penal Militar, evidenciando contradicciones que reflejan la ausencia de un criterio
unificado. Estas tensiones generan inseguridad jurídica y afectan la administración de justicia. En
conclusión, se evidencia la necesidad de una línea jurisprudencial unificada que precise el alcance
del concepto de relación con el servicio en casos de concusión cometidos por miembros de la
Fuerza Pública.
Slide 2 of 5 Publicación Acceso Abierto Trabajo de grado - Maestría
(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2025) Chaves Prieto, Karol Valentina; Orduz Barreto, Claudia Patricia; Sepúlveda López, Myriam
La presente investigación analiza el tratamiento jurídico-penal del Terrorismo Digital en
Colombia entre 2020 a 2025, a la luz de los fundamentos del Derecho Penal del Enemigo
formulado por Günther Jakobs; con el propósito de determinar si la respuesta estatal frente a las
amenazas del Ciberespacio ha mantenido su anclaje en el Estado Social de Derecho o si ha
derivado hacia un modelo punitivo de excepción. El estudio parte de la comprensión del impacto
de las transformaciones tecnológicas sobre el Derecho Penal y de cómo el terrorismo ha trasladado
su escenario de acción al entorno digital, aprovechando la desregulación y la expansión del uso de
internet, especialmente tras la pandemia de la COVID-19.
En este marco, la investigación tiene como propósito delimitar el concepto de Terrorismo
Digital, sistematizar los fundamentos del Derecho Penal del Enemigo, analizar el tratamiento
jurídico-penal colombiano mediante una matriz aplicada a los documentos CONPES 3995 de 2020
y 4144 de 2025 y formular propuestas sociojurídicas que aseguren la protección efectiva de los
derechos fundamentales. Los hallazgos permiten identificar una tendencia estatal orientada a la
prevención, la cooperación institucional y la gestión del riesgo, más que a la adopción de un
modelo penal de exclusión, lo cual abre un espacio de reflexión sobre el equilibrio entre seguridad
digital y principios constitucionales en el Estado Social de Derecho.
Slide 3 of 5 Publicación Acceso Abierto Trabajo de grado - Maestría
(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2025) Cardozo, Andres Felipe; Badran Blanco, Roberto Ángel; Sepúlveda López, Myriam
La figura del jurado ha representado históricamente un símbolo De la intervención
ciudadana en la administración de justicia en Colombia, desde su introducción en la Nueva
Granada hasta su eliminación definitiva mediante el Decreto 1861 de 1989 esta institución
reflejó la aspiración de equilibrar el poder punitivo del Estado con la visión moral del
pueblo. Sin embargo, su supresión, justificada por razones de celeridad procesal y seguridad
jurídica, marcó el tránsito hacia un sistema penal técnico y profesionalizado.
La Constitución de 1991 no retomó esta figura, pero el Acto Legislativo 03 de 2002
volvió a abrir la posibilidad de que los particulares pudieran ejercer funciones
jurisdiccionales como jurados en causas criminales, sin que hasta hoy exista un desarrollo
legal que materialice ese mandato.
El análisis normativo de la Constitución Política de 1991, la Ley 906 de 2004 y la
Ley 1826 de 2017 revela una carencia frente a la reglamentación del jurado popular. A
pesar de que la ley reconoce su existencia formal, la falta de regulación práctica impide su
aplicación dentro del proceso penal abreviado. La persistencia de esta omisión genera
interrogantes sobre la coherencia del modelo acusatorio colombiano, que, aunque inspirado
en sistemas de tradición anglosajona, ha excluido un componente esencial de estos: la
participación ciudadana directa en los juicios penales.
Desde una perspectiva comparada, la Ley Orgánica 5 de 1995 del Tribunal del
Jurado en España ofrece un referente útil para reflexionar sobre la viabilidad de adaptar
este mecanismo al contexto colombiano. Dicho modelo demuestra que es posible
compatibilizar la participación popular con la técnica jurídica mediante reglas claras de
selección, capacitación y deliberación, preservando las garantías procesales.
El análisis comparado permite identificar buenas prácticas susceptibles de
replicarse en Colombia, especialmente en delitos de mediana gravedad donde el juicio oral
conserva un alto valor pedagógico y democrático esta investigación propone una serie de
lineamientos normativos y operativos para la eventual implementación de jurados
populares en el procedimiento penal abreviado colombiano.
Dichas propuestas se orientan a fortalecer la transparencia, la confianza en la
justicia y la legitimidad de las decisiones judiciales, sin sacrificar la celeridad ni la eficacia procesal. El estudio concluye que la participación ciudadana en la justicia penal no debe
entenderse como una figura del pasado, sino como un reto contemporáneo que exige
rediseñar mecanismos de equilibrio entre técnica jurídica, democracia y confianza
institucional.
Slide 4 of 5 Publicación Acceso Abierto Trabajo de grado - Maestría
(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2025) Wilches Leon, Yenifer; Toloza Ramirez, Luis Alejandro; Artunduaga Lizcano, Flover
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden
económico y la legitimidad institucional en Colombia, debido a la infiltración de capitales ilícitos
en la economía formal y el uso de estructuras societarias para ocultar recursos criminales, aunque
el país cuenta con un marco normativo amplio en materia de prevención y sanción del lavado,
persiste una debilidad estructural: la ausencia de un régimen de responsabilidad penal para las
personas jurídicas, lo que limita la respuesta estatal frente a la criminalidad empresarial y genera
espacios de impunidad.
En la investigación se planteó la pregunta sobre la viabilidad jurídica y constitucional de
trasplantar a Colombia el modelo chileno de responsabilidad penal de las personas jurídicas
contenido en la Ley 21.595/2023, con especial atención a los conceptos de defecto de organización
y compliance eficaz, como herramientas de imputación y prevención, en armonía con los
elementos de la conducta punible: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
El estudio tuvo como objetivo general analizar comparativamente dicho modelo para
determinar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano y proponer lineamientos
normativos y de política criminal que permitan fortalecer la persecución del lavado corporativo,
entre sus objetivos específicos se incluyeron el examen dogmático del estándar chileno, la
comparación con el sistema colombiano y la elaboración de una propuesta normativa aplicable al
contexto nacional.
Metodológicamente, la investigación adoptó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico
descriptivo y analítico, sustentado en el método de análisis documental y el derecho comparado.
Se estudiaron fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales de ambos países, así como
estándares internacionales del GAFI y la OCDE.
Los resultados evidencian que el modelo chileno constituye una solución moderna y
garantista que permite imputar penalmente a las empresas evitando la responsabilidad objetiva, al
fundamentarse en el defecto de organización y en la verificación de programas de cumplimiento
eficaces. Se concluye que su trasplante a Colombia es viable y necesario, siempre que se adapte al marco constitucional y garantista colombiano, incorporando reglas claras de imputación,
estándares probatorios diferenciados y sanciones proporcionales.
Como alternativa de solución, la tesis propone una arquitectura normativa para Colombia
que incluya: 1. Tipificación expresa de la responsabilidad penal empresarial por lavado de activos.
2. Adopción del defecto de organización como criterio de culpabilidad corporativa. 3.
Reconocimiento del compliance como eximente o atenuante. 4. Incorporación de sanciones
penales proporcionales (multas, inhabilidades, supervisión judicial, y en casos graves, disolución).
5. Salvaguardas procesales para evitar la responsabilidad objetiva.
La propuesta concluye que, mediante un trasplante selectivo y adaptado, Colombia puede
cerrar su brecha institucional en materia de criminalidad corporativa, fortalecer su sistema penal
económico y cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de activos.
Slide 5 of 5 Publicación Acceso Abierto Trabajo de grado - Maestría
(Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2025) Tovar Flórez, Nikole Fernanda; Gracia Hincapié, Luz Carlina; González Chacón, Yaneth Osana
Mediante este trabajo se analiza la incidencia de la Política Criminal en los delitos sexuales
cometidos contra mujeres en la Zona de Tolerancia del sector de Mártires (2021–2024), partiendo
del reconocimiento de la violencia sexual como una problemática estructural y la permanencia de
una Zona de Tolerancia. El estudio tuvo como objetivo determinar el grado de incidencia de la
Política Criminal formulada por el Estado y aplicación en un contexto de vulnerabilidad social.
Aplicando un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo - correlacional, con un método
deductivo y una forma teórico–práctica, empleando la técnica de análisis documental sobre
normas, jurisprudencia, informes institucionales y estudios académicos. Los resultados evidencian
una incidencia limitada de la política criminal frente a la disminución de los delitos sexuales, así
como desprotección estatal, ausencia de un enfoque de género efectivo y alta gobernabilidad de
grupos delincuenciales en la Zona de Tolerancia.
Se concluye que la Política Criminal en Colombia ha presentado deficiencias en su
implementación especialmente en un contexto distrital con existencia de zonas de alto impacto
como la Zona de Tolerancia del barrio Santa Fe de la localidad de los Mártires, pues ha sido un
área olvidada y gobernada por delincuentes, lo que conlleva a una desprotección especialmente
del género femenino en el sector.
