Publicación: Medidas administrativas de la agencia nacional de tierras (ant), para la adjudicación de bienes inmuebles baldíos entregados por las extintas farc-e. P (2018-2023)
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Resumen en español
La problemática respecto a la tenencia de la tierra en nuestro país sigue siendo hoy en día, uno de los puntos estructurales en el desarrollo y permanencia del conflicto armado, es por ello que durante las etapas de evolución de la antigua guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo- FARC-EP, dicho tema fue la piedra angular en la búsqueda de una solución real al conflicto y finalmente, fruto de la suscripción de los Acuerdos de Paz de La Habana – Cuba en el año 2016, se estableció por primera vez en la historia de Colombia, un capitulado completo referente al conflicto suscitado en la tenencia de la tierra, fijando para ello, ideas principales en función una futura Reforma Rural Integral y así mismo fijando las funciones en lo que respecta a la participación de las instituciones dedicadas a resolver este tipo de conflictos. Tal es el caso de la Agencia Nacional de Tierras- ANT, entidad encargada de administrar los bienes inmuebles baldíos de todo el territorio colombiano y desde la suscripción de los acuerdos de paz, encargada también de implementar el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y además de ello, para el caso puntual del presente trabajo de investigación, la administración y posterior adjudicación de los baldíos entregados por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en cumplimiento a lo acordado en La Habana, es por ello que la precitada entidad se encarga de tomar una serie de disposiciones administrativas con el único fin, de lograr la correcta adjudicación de la tierra a víctimas del conflicto armado, población campesina y comunidades indígenas. sin embargo, será parte de las conclusiones del presente trabajo de investigación, determinar que dichas medidas administrativas, carecen de eficacia teniendo en cuenta que, la entidad no mantiene una disposición de claridad y correcta categorización de los bienes inmuebles entregados por las FARC-EP a la Sociedad de Activos Especiales – SAE, y posteriormente entregados a la Agencia Nacional de Tierras. Para efectos de comprensión de la línea investigativa, los autores de la presente investigación, realizaron un minucioso trabajo de revisión de documentos entregados por las entidades involucradas, a fin de constatar los índices de adjudicación del grupo especial de bienes inmuebles baldíos objeto de estudio, encontrando que desde la implementación de lo acordado en 2016, no se ha podido establecer un paso a paso que permita determinar si los mismos están siendo realmente adjudicados a las víctimas del conflicto armado.
Resumen en inglés
The issue of land tenure in Colombia remains, to this day, one of the structural factors driving the development and persistence of the armed conflict. For this reason, during the different stages in the evolution of the former guerrilla group known as the Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC-EP), land tenure became the cornerstone in the pursuit of a genuine solution to the conflict. As a result of the signing of the Peace Agreements in Havana, Cuba, in 2016, for the first time in Colombian history, a comprehensive chapter addressing the land tenure conflict was established. This chapter laid out key principles for a future Comprehensive Rural Reform and defined the roles and responsibilities of institutions tasked with addressing land-related conflicts. One such institution is the Agencia Nacional de Tierras – ANT, which is responsible for administering public vacant lands across Colombian territory. Since the signing of the peace agreements, the ANT has also been in charge of implementing the Land Fund for the Comprehensive Rural Reform. Moreover, in the specific context of this research project, the ANT is tasked with managing and subsequently allocating the vacant lands handed over by the nowdefunct FARC-EP, in accordance with the provisions of the Havana Agreement. Accordingly, this agency has issued a series of administrative measures aimed at ensuring the proper allocation of land to victims of the armed conflict, rural populations, and indigenous communities. However, one of the conclusions of this research will demonstrate that these administrative measures lack effectiveness, as the agency has not provided a clear classification or accurate categorization of the real estate assets handed over by the FARC-EP to the Sociedad de Activos Especiales – SAE, and subsequently transferred to the ANT To better understand the research framework, the authors conducted a meticulous review of official documents issued by the involved institutions. This review aimed to verify the allocation rates of the specific group of public vacant lands under study. The findings reveal that since the implementation of the 2016. Agreement, no step-by-step process has been established to determine whether these properties are truly being allocated to victims of the armed conflict.


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