Publicación: Desigualdad de género en la adjudicación de la custodia en Colombia: análisis jurídico desde la perspectiva del derecho de familia 2010-2025
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Resumen en español
La presente monografía constituye un análisis exhaustivo y riguroso sobre un problema fundamental en el ámbito del derecho de familia colombiano, la persistencia de un sesgo de género en la adjudicación de la custodia de menores; que favorece a las madres sobre los padres como sujetos procesales en el marco de los procesos de determinación de custodia de menores. Este estudio, de naturaleza socio-jurídica, se fundamenta en un paradigma cualitativo y hermenéutico, lo que ha permitido trascender el análisis de la norma positiva para examinar cómo los factores culturales, institucionales y sociales influyen en la aplicación de la ley. El primer capítulo abordó la cuestión desde una perspectiva de igualdad formal y material, determinando que, si bien el ordenamiento jurídico colombiano consagra principios de equidad procesal y el interés superior del menor de manera universal, la práctica judicial revela una afectación a la igualdad procesal de los padres. Este fenómeno se sustenta en un enraizamiento institucional de estereotipos de género que asocian el cuidado con la feminidad, una concepción que ha sido validada por el análisis de un fallo judicial hito, la Sentencia STC5357-2017, la cual revocó una decisión discriminatoria basada en un prejuicio de género. El segundo capítulo se centró en la relación de este problema con los fenómenos de alta conflictividad que se manifiestan en los procesos de custodia, como el síndrome de alienación parental y la violencia vicaria. Se caracterizaron estos conceptos, revelando que, aunque no están formalmente tipificados o definidos en la legislación, son prácticas recurrentes que instrumentalizan a los menores para causar daño al otro progenitor. Este hallazgo demuestra que los litigios de custodia son a menudo escenarios de violencia psicológica y emocional, lo que agrava la necesidad de intervenciones efectivas. Finalmente, el tercer capítulo propone un conjunto de alternativas de intervención socio- jurídica diseñadas para corregir las deficiencias identificadas. Se plantea la necesidad de una capacitación obligatoria en género y equidad para los operadores judiciales, la implementación de protocolos objetivos para la evaluación de idoneidad parental y la promoción de la custodia compartida como regla general en la legislación. Estas propuestas buscan un cambio de paradigma que desmonte los sesgos institucionales, fomente la corresponsabilidad parental y garantice que las decisiones judiciales respondan genuinamente al bienestar integral de los menores, reconociendo el papel esencial de ambos progenitores en sus vidas.


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