Publicación: La responsabilidad penal de las personas jurídicas (ley 21.595/2023): viabilidad del trasplante del modelo chileno frente al delito de lavado de activos en Colombia
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Resumen en español
El delito de lavado de activos constituye una de las principales amenazas para el orden económico y la legitimidad institucional en Colombia, debido a la infiltración de capitales ilícitos en la economía formal y el uso de estructuras societarias para ocultar recursos criminales, aunque el país cuenta con un marco normativo amplio en materia de prevención y sanción del lavado, persiste una debilidad estructural: la ausencia de un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas, lo que limita la respuesta estatal frente a la criminalidad empresarial y genera espacios de impunidad. En la investigación se planteó la pregunta sobre la viabilidad jurídica y constitucional de trasplantar a Colombia el modelo chileno de responsabilidad penal de las personas jurídicas contenido en la Ley 21.595/2023, con especial atención a los conceptos de defecto de organización y compliance eficaz, como herramientas de imputación y prevención, en armonía con los elementos de la conducta punible: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. El estudio tuvo como objetivo general analizar comparativamente dicho modelo para determinar su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano y proponer lineamientos normativos y de política criminal que permitan fortalecer la persecución del lavado corporativo, entre sus objetivos específicos se incluyeron el examen dogmático del estándar chileno, la comparación con el sistema colombiano y la elaboración de una propuesta normativa aplicable al contexto nacional. Metodológicamente, la investigación adoptó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico descriptivo y analítico, sustentado en el método de análisis documental y el derecho comparado. Se estudiaron fuentes doctrinales, normativas y jurisprudenciales de ambos países, así como estándares internacionales del GAFI y la OCDE. Los resultados evidencian que el modelo chileno constituye una solución moderna y garantista que permite imputar penalmente a las empresas evitando la responsabilidad objetiva, al fundamentarse en el defecto de organización y en la verificación de programas de cumplimiento eficaces. Se concluye que su trasplante a Colombia es viable y necesario, siempre que se adapte al marco constitucional y garantista colombiano, incorporando reglas claras de imputación, estándares probatorios diferenciados y sanciones proporcionales. Como alternativa de solución, la tesis propone una arquitectura normativa para Colombia que incluya: 1. Tipificación expresa de la responsabilidad penal empresarial por lavado de activos. 2. Adopción del defecto de organización como criterio de culpabilidad corporativa. 3. Reconocimiento del compliance como eximente o atenuante. 4. Incorporación de sanciones penales proporcionales (multas, inhabilidades, supervisión judicial, y en casos graves, disolución). 5. Salvaguardas procesales para evitar la responsabilidad objetiva. La propuesta concluye que, mediante un trasplante selectivo y adaptado, Colombia puede cerrar su brecha institucional en materia de criminalidad corporativa, fortalecer su sistema penal económico y cumplir sus compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de activos.
Resumen en inglés
The crime of money laundering constitutes one of the main threats to Colombia’s economic order and institutional legitimacy, due to the infiltration of illicit capital into the formal economy and the use of corporate structures to conceal criminal assets. Although the country has a broad regulatory framework focused on the prevention and punishment of money laundering, a structural weakness persists: the absence of a criminal liability regime for legal entities, which limits the State’s response to corporate crime and creates spaces of impunity. This research posed the question of the legal and constitutional feasibility of transplanting to Colombia the Chilean model of corporate criminal liability established in Law 21.595/2023, with special attention to the concepts of organizational defect and effective compliance as tools for attribution and prevention, in harmony with the principles of legality, unlawfulness, and culpability. The general objective of the study was to conduct a comparative analysis of said model to determine its compatibility with the Colombian legal system and to propose regulatory and criminal policy guidelines to strengthen the prosecution of corporate money laundering. The specific objectives included examining the Chilean standard from a dogmatic perspective, comparing it with the Colombian system, and developing a normative proposal adapted to the national context. Methodologically, the research adopted a qualitative approach, juridical–descriptive and analytical in nature, supported by documentary analysis and comparative law methods. Doctrinal, normative, and jurisprudential sources from both countries were examined, as well as international standards from the FATF and the OECD. The results show that the Chilean model constitutes a modern and rights-oriented solution that allows for the criminal prosecution of companies while avoiding strict liability, by grounding culpability in organizational failure and the verification of effective compliance programs. It is concluded that its transplantation to Colombia is both viable and necessary, provided it is adapted to the Colombian constitutional and rights-based framework by incorporating clear attribution rules, differentiated evidentiary standards, and proportional sanctions. As an alternative solution, the thesis proposes a regulatory structure for Colombia that includes: (1) express criminalization of corporate liability for money laundering; (2) adoption of organizational defect as a criterion for corporate culpability; (3) recognition of compliance programs as exonerating or mitigating factors; (4) incorporation of proportional criminal sanctions (fines, disqualifications, judicial oversight, and, in severe cases, dissolution); and (5) procedural safeguards to prevent strict liability. The proposal concludes that, through a selective and adapted legal transplant, Colombia can close its institutional gap in addressing corporate crime, strengthen its economic criminal system, and fulfill its international commitments in the fight against money laundering.